Cuando todo hacía suponer que en el círculo del negativo de acordar al uso del billete toda la importancia que reviste comenzó a partir de 1872, en rara coincidencia con la creación del Banco Nacional, una verdadera fuga de oro que redujo las reservas a 10 millones en 1873, a 6 en 1874 y a menos de 3 en 1875. En previsión de fugas más acentuadas una ley de junio de 1874 autorizaba al Banco de la Provincia a retirar de su Oficina de Cambio tres millones de pesos fuertes destinados a aumentar su propia reserva, aumentándole además en 6 millones la emisión de pesos fuertes. Es indudable que la guerra civil en 1874 y la crisis, que ese año tocó su punto máximo, habían contribuido a la desmoralización de la oficina de Cambios; lo exacto es que ella perdió gradualmente su encaje y que Ja provincia de Buenos Aires, por ley del 17 de mayo de 1876, autorizó a su Banco a interrumpir la conversión de billetes declarándose de curso legal.
Es exacto también que, a causa de las actividades de la oficina de Cambios del Banco Provincia, quedaron en su haber 450 millones de pesos de los cuales 300 corresponden a emisiones anteriores, pero los otros 150 los había obtenido el banco en concepto de emisiones de su oficina de Cambios. La oficina había pues permitido acrecentar las emisiones mediante un recurso decididamente clandestino. Se debe advertir, sin embargo, que entre los años 1867 y 75 en que mantuvo sus actividades la referida oficina, el balance comercial fue permanentemente negativo acumulando un saldo de este signo de 125 millones de pesos oro.
La crisis de 1873/74, que había ocasionado la baja de los productos nacionales en los mercados extranjeros y las crecientes inversiones de capital de ese origen, había impulsado la extracción de metálico para hacer frente a los pagos negativos de la balanza. No obstante que una crecida proporción de ese oro se pagaba con los empréstitos negociados entonces, no puede ocultarse que ello ocasiona en efecto la salida permanente del metal. El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura del Congreso en 1875 había descrito sobriamente la situación financiera del país. La suspensión de actividades de la oficina de cambios no implicó por supuesto reducción alguna a la potencialidad financiera del Banco que continuó su trayectoria hasta la crisis de 1890.
El Banco de la Provincia pudo desempeñar la función específica que le fue acordada mientras el volumen de los negocios y el desarrollo de las actividades nacionales pudo limitarse a lo que Buenos Aires producía dentro de sus propias fronteras. El desarrollo de los ferrocarriles, el de la agricultura y la discreta modificación que experimentaron las nacientes manufacturas locales a causa del voluminoso aumento de población que experimentó el país entre 1861 y 1872 imponía la creación de un establecimiento nacional que regulase y ampliase la emisión y desde luego el conjunto de las operaciones de crédito que competen a los bancos en concordancia con el nuevo giro y extensión de los negocios.
El Banco Nacional de 1872 fue planeado con esta finalidad. No perdía el carácter de Banco emisor ni el Estado asumió aún la responsabilidad de sus operaciones porque esta extensión de las actividades del Estado no entraba en las preocupaciones y conceptos de la época y desde luego porque el Banco Nacional era aún una institución semiprivada. No obstante, ello la creación del Banco Nacional, que caería sacudido por la crisis de 1890 y daría lugar a la creación del Banco de la Nación, constituyó y realizó una etapa necesaria dentro del proceso económico nacional. Desde luego el ámbito de sus negocios y determinadas cláusulas cuyo propósito notorio consiste en corregir los excesos de la institución precedente permite acordar a sus objetivos una decidida orientación nacional. Así en el plazo de un año debería fundar una sucursal en cada una de las provincias en donde la suscripción alcanza a 500 acciones y un año después en todas las restantes; el Banco emitirá billetes dentro de un definido respaldo metálico y sólo podría iniciar sus operaciones una vez que hubiese logrado realizar una cierta fracción del capital autorizado.
Imposible aludir en términos más claros y categóricos al proceso de organización del país fundado sobre la organización del crédito. La corriente civilizadora vendría desde Europa y entraría al país por Buenos Aires, pero sin detenerse ahí, definiéndose hacia su interior; porque si la potencialidad económica de la ciudad era un hecho evidente y plausible, ella no era más que el trasunto de las faenas que se cumplían en el interior del país, porque detrás de esa ciudad existía una nación constituida por una larga serie de hechos y cuya elaboración dependía del esfuerzo permanente realizado en un sentido y con una finalidad nacional. Previamente a la fundación del Banco Nacional el país había ensayado además de la reanudación de actividades del Banco de la Provincia la aventura poco feliz del Banco Mauá.
La coexistencia del Banco Nacional y del de la Provincia en la ciudad de Buenos Aires, no se desarrolló permanentemente dentro de normas de armonía. Desde luego la orientación del Banco de la Provincia nunca tuvo un sentido nacional; la atención que preferentemente prestó a los intereses exclusivos de los ganaderos y comerciantes bonaerenses que mantenían una estricta vinculación con el comercio exterior se pusieron de inmediato en pugna con las del otro banco que debía atender las exigencias monetarias y bancarias del país y crear con ello una corriente de intereses no concordantes con los suyos. Esa discordancia estalló al sacudir la crisis de 1874 la débil armazón de la economía nacional. Apenas superados los efectos de esta última, la situación del Banco Nacional hacia mediados de 1876 era ya satisfactoria; con un encaje de 3 millones de pesos fuertes tenía en caja un millón y medio, o sea, una reserva superior al límite legal. Pero bruscamente el Banco de la Provincia suspende con carácter temporal la conversión a la que le autorizaba una ley provincial de 1867 y declara equiparables el oro y los billetes a los efectos del pago de obligaciones en metálico en la provincia.
La consecuencia esperada fue que los depositantes concurrieran al Banco Nacional a hacer efectiva la conversión en instantes en que este último se hallaba impedido de satisfacerla porque su principal deudor, el Gobierno Nacional, salió penosamente de la crisis de 1874. La violencia de la situación condujo a redactar un convenio entre la Nación y la Provincia, que tenía todos los caracteres de un chantaje. Según ese convenio el Banco de la Provincia emitía una cierta suma que en provincia prestaba a la nación; esta i durase la vigencia de ese contrato el gobierno nacional to podría autorizar en Buenos Aires la circulación en billetes de ningún otro banco y tampoco el Banco Nacional podría aumentarla en la provincia ni constituir en ella casa de conversión. Debiendo retirar el circulante de esta plaza cuando el gobierno de la Nación le hubiese pagado la deuda. Los billetes del Banco Nacional no se recibirán en pago de contribuciones nacionales en la provincia.
Eufemismos aparte, los retoños feudales que alentaban este episodio sumamente elocuente, más que antecedente de la historia bancaria, constituye un acontecimiento de la historia política y explica claramente la arrogancia con que el gobernador de Buenos Aires iniciará su mensaje de 1878:“La constitución federal traza claramente la línea que divide la acción del gobierno General de los gobiernos de provincia; y esa línea será sagrada para mí, procurando conciliar las prerrogativas propias con la obediencia que en asuntos nacionales debemos a nuestro huésped». Se sabe a qué punto la vejatoria calificación de que es objeto el poder nacional residente en la ciudad de Buenos Aires, inicia los sangrientos sucesos de 1880. Y en qué medida tanto uno como otro acontecimiento permiten explicar la obstinada resistencia que Buenos Aires oponía a la unidad nacional.
El Banco Nacional pudo superar todos los obstáculos y según expresión de su directorio, en 1880 estaba completada la reorganización y afirmada su marcha regular. En el otro aspecto de sus actividades, ocurre confirmar que después de la crisis de 1874 y antes de dictarse la ley sobre moneda nacional de 1881 el medio circulante mantenía su arbitrariedad y la extrema variabilidad de tipos monetarios que es conocida. La ley de referencia adopta el sistema bimetalista y establece la unidad monetaria en todo el territorio de la nación; sus disposiciones experimentaron diversas alternativas en su cumplimiento hasta alcanzar la fijeza que le acordó la ley de conversión de 1899.