En la concepción teórica de los economistas clásicos, la actividad económica estaba regida por leyes naturales que conducían invariablemente al logro del equilibrio, en forma automática, en los distintos mercados. Los clásicos enunciaron sus teorías (a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX) en un mundo en el que predominaban condiciones afines con el tipo ideal de la “competencia perfecta”: libre movilidad de los factores productivos, flexibilidad de precios, atomización de la oferta y de la demanda y homogeneidad de los productos ofrecidos.
En tales circunstancias, no existían rigideces importantes que impidieron el logro simultáneo del equilibrio entre oferta y demanda en todos los mercados considerados. En otras palabras, no existían razones teóricas ni prácticas que avalan la concreción de crisis económicas.
El papel del Estado, dentro de este esquema, se limitaba a ser un mero controlador (o “gendarme”) del cumplimiento irrestricto de las condiciones de competencia perfecta, interviniendo sólo en los casos en que las mismas estuvieran en peligro. En el caso concreto de nuestro país, esta concepción predominó en el período posterior a la unificación nacional, y hasta la década del 30. La constitución de 1853, y las obras que la presidieron y explicaron, son la expresión de una voluntad básica: independizar al Estado de toda actuación directa en el proceso productivo y limitar la política económica aplicada al simple control del cumplimiento de los requisitos de la libertad económica. La realidad económica se transformó hacia fines del siglo pasado y más especialmente en las primeras décadas de este siglo. Para entonces las condiciones básicas del sistema de competencia perfecta se encontraban seriamente afectadas por el desarrollo producido por la segunda Revolución Industrial. Con la formación de grandes empresas y sindicatos poderosos, diferenciación de productos ofrecidos, etc., era cada vez más difícil llegar al equilibrio mediante la libre acción de las fuerzas de mercado, y resultaban cada vez más frecuentes las crisis económicas, con importantes costos económicos y sociales. Esta situación hizo eclosión en la conocida Gran Crisis de 1930.
Así, los economistas comenzaron a describir el sistema de concurrencia, no ya como de “competencia perfecta» sino como de «competencia imperfecta”, o “competencia monopolística”. La obra de J. M. Keynes significó un importante esfuerzo de adaptación de las concepciones económicas. Interpretó a las crisis no ya como algo aislado y temporario, sino como inherente a las características básicas del sistema económico vigente en su tiempo. Las mismas se producían por deficiencias en la por él llamada “demanda efectiva”: el consumo y la inversión no alcanzaban para absorber la producción de bienes. Las soluciones debían obtenerse mediante impulsos externos que modifican los volúmenes demandados por ambos conceptos. Desde el punto de vista de la inversión, favorecer la concreción de nuevas inversiones privadas y públicas.
Una modificación de los componentes naturales de la demanda como el planteado, sólo era concebible mediante una vigorosa actuación del Estado en la actividad económica, invirtiendo, redistribuyendo ingresos y controlando, mediante distintos mecanismos, la actividad privada. En el caso concreto de nuestro país, aunque por razones fundamentalmente exógenas, se hace necesario también una participación más de títulos públicos, la participación del estado en la producción y los servicios, la creación del Banco Central, son algunos de los hitos más importantes de la aplicación de las nuevas ideas económicas. En los años de la posguerra, con el desarrollo de la programación económica, la participación del Estado adquiere renovada envergadura.
Funciones y componentes del sector público argentino
En el punto anterior hemos destacado la importancia del Sector Público como ente que orienta y dirige la actividad económica, y que utiliza instrumentos para lograr los fines buscados. Las funciones económicas del Sector Público argentino no se agotan en esta instancia, aunque ésta sea la más importante. El Sector Público es, además, un importante creador de fuentes de ocupación y producción: promueve y realiza obras de infraestructura, produce, por sí solo, o asociado con capital privado, distintos bienes y -principalmente-insumos básicos, presta servicios en áreas sociales como educación, sanidad, etc. La polémica sobre el límite de las actividades económicas que debe realizar el Sector Público, queda fuera de la órbita de este trabajo. Sin embargo, digamos que, como tendencia empírica, aun en los países de economía de mercado más desarrollados, la participación del Sector Público en el gasto y ocupación se fue incrementando concomitantemente con el desarrollo económico. Esta tendencia es más pronunciada en los países de menor desarrollo relativo, entre ellos los países latinoamericanos. En ellos, sobre todo en la etapa de desarrollo estructural mencionada como “industrialización sustitutiva de importaciones», la participación del Sector Público en el total de gastos difícilmente baje del 25 %, según se observa en el cuadro N°1.
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