Es así que no obstante el propósito expresado en diversas oportunidades, de no permitir nuevas emisiones, le siguieron autorizaciones ya al banco nacional, ya al de la provincia y finalmente a todos los bancos. El gobierno halló en 1887 tomándolo del modelo norteamericano, la manera de extender inusitadamente la emisión bajo la denominación de bancos libres garantizados. En cuanto el proyecto fue aprobado por ambas cámaras, con la excusa de que su propósito fundamental era el de asegurar la convertibilidad del papel moneda, no quedó provincia que no se acogiese a sus términos: Córdoba, Santiago, La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca, San Luis, Salta, Corrientes y la propia Capital Federal, fundaron sus entidades bancarias muchas de las cuales integran su capital contratando empréstitos en el exterior. La emisión alcanzó en poco tiempo 160 millones en comparación con 88 millones que existían en la época de sancionar la ley. En síntesis, debe recordarse que ella autorizaba a lo siguiente: todo establecimiento bancario que tuviese un capital mínimo de 250.000 pesos y comprarse títulos nacionales a oro hasta el monto de los billetes a emitir, podía realizar esta operación. Los títulos nacionales debían ser emitidos bajo la forma de un empréstito interno a oro y gozaría de un interés de 4 1/2 % y 1 % de amortización. El nombre del banco emisor debía figurar en los billetes cuya emisión estaba limitada al 90 % del capital del banco. “Es discutible si el gobierno fue sincero en la defensa de la nueva ley dice Williams en su Comercio Internacional Argentino”. Suplantar el sistema existente por otro menos restrictivo que permitía emitir billetes a cualquier banco que estuviese dentro de las condiciones de la ley, obviamente no podía tener otro efecto que el de aumentar la emisión ya redundante.”
Es verdad que la ley de bancos garantizados se cumplió de manera muy imperfecta. Desde luego la mayor parte de los bancos que se acogieron a ella la desvirtuaron en lo fundamental que era la adquisición de los títulos a oro. El banco de la provincia de Buenos Aires, que emitió 50 millones solamente compró títulos por valor de 32. En total sobre una emisión de casi 200 millones apenas se pagó en oro 76. Pero lo notorio es que muchos de esos bancos utilizaron el recurso de la emisión para realizar préstamos de compromiso. La memoria de la Caja de Conversión de 1890 ha podido localizar numerosos balances bancarios adulterados. El de Córdoba había emitido 33 millones, aunque no tenía autorizados sino 8; posteriormente pudo establecerse que este banco había emitido clandestinamente 70 millones. El propio Banco Nacional fue señalado de practicar estas operaciones viciosas; con motivo de su liquidación pudo fijarse que el monto de sus deudas dolosas era un tercio de su capital.
Semejantes prácticas en la tarea de la emisión llevaron el premio del oro a límites considerables. En 1885 con una circulación de 75 millones, aquél era de 37; en 1888 la circulación era de 130 millones y el premio de 48, pero en 1891 con una circulación de 260 millones el oro estaba a 287. Conviene observar que el ritmo de la circulación asume una velocidad creciente. Entre 1885 y 1887 su aumento es de 20.000.000; en 1888 era de 35 millones más; y ese crecimiento se repite el año siguiente, pero entre 1889 y 90 aumenta a 80 millones. El precio del oro según lo han observado diferentes autores contribuyó a deprimir considerablemente los salarios. Adrián Patroni y Juan Álvarez en “Los Trabajadores en la Argentina» y “Guerras civiles argentinas» respectivamente han prestado atención a este aspecto de la crisis al comentar el estudio del ministro norteamericano en Buenos Aires, Buchanan.
Williams en el estudio mencionado se extiende minuciosamente sobre este mismo acontecimiento en relación con el comercio internacional. En su proyección sobre el mercado interno corresponde expresar que sin perjuicio del malestar que cundió sobre la clase trabajadora traducido por numerosas huelgas y demandas de aumento de salarios, el alto premio del oro impulsó enérgicamente a la manufactura nacional. Él se constituyó en la protección más eficaz para la prosperidad de la industria: el censo de 1895 pondrá de manifiesto en qué medida este factor estimuló su afianzamiento. El propio ministro de Hacienda en su memoria de 1892 lo consigna expresando que la industria fabril ha tenido un notable desarrollo en esos años favorecida por la baratura de la mano de obra que se pagaba en papel mientras los productos de la industria se entregaban al consumo sobre la base del precio del artículo importado que aumenta con la depreciación de la moneda.
La crisis de 1890 constituye pues el acontecimiento de décadas del siglo. Durante la primera el estado, los particulares estallidos de la crisis; en la segunda pudo presenciar el tumultuoso proceso de liquidación.
El manejo del crédito había experimentado una gran expansión tanto por parte del Banco Nacional como del Banco de la Provincia. El primero descontaba en 1885 casi 80 millones,120 el 87 y 210 el 89 y el segundo, durante los mismos años, 75,80 y 140 millones. Los bancos hipotecarios no le iban en zaga; el provincial emitía cédulas en 1880 por 26 millones, pero el 88 eran 228 y el año 89, 320 millones. En cuanto al Nacional fundado en 1886, sus emisiones de 1888 y 1889 eran respectivamente 72 y 89 millones. Luego del movimiento de julio del 90 la situación económica y financiera del país no podía tocar límites inferiores. Las existencias en caja de los bancos Nacional y Provincial no lograban satisfacer las más mínimas exigencias. Balestra relató en su libro “El 90” una escena en la que Pellegrini imponía la situación a un conjunto de financieros integrantes, por supuesto, de su círculo. La conclusión era que ellos debían suscribir una lista que les fue presentada para que cada uno anotara en ella la suma con que concurría a afianzar al gobierno.
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