Los Bancos Nacional y Provincial experimentaron en los primeros meses de 1891 una seria amenaza. Los préstamos habían descendido pero los depósitos bajaban aún más. Inútiles fueron diversos recursos puestos en juego por el gobierno nacional; ellos fueron clausurados en abril de ese año casi contemporáneamente con la suspensión de pagos del servicio de cupones por parte del Hipotecario Nacional. Debe suponerse que la caída de los bancos oficiales había repercutido sobre los bancos particulares provocando la suspensión de pagos por parte de cinco casas de crédito.
Debe recordarse que a fines de 1892 las letras protestadas del Banco Nacional sumaban 2,5 millones de pesos oro y 64 millones de papel; las del Banco Provincia eran de casi 56 millones. Ninguno de los dos logró recuperar la confianza del país y desde luego tampoco la mayor parte de los préstamos a que aluden las sumas precedentes. Inútil fué que el Gobierno Nacional utilizara los más variados recursos para rehabilitar esos bancos. El Banco de la Provincia permaneció cerrado durante 15 años, en cuanto al Banco Nacional, su liquidación resuelta por ley de noviembre del 93, quedó en manos del Banco de la Nación y sucesivamente de diversas comisiones especiales. La última logró localizar conjuntamente con una larga lista de actos que implican “desorden, desidia y abuso de confianza”, la pérdida de 36,5 millones de pesos en su cartera de deudores morosos.
La caída de los dos grandes bancos decidió la liquidación de los bancos mixtos acogidos o creados a favor de la ley de bancos garantizados. La situación de todos ellos era aun cuando en menor escala similar a la de los bancos Provincia y Nacional. El Gobierno Nacional se hizo cargo pues de la emisión de todos ellos realizando pausadamente su liquidación. Todo el período que transcurre a partir de 1880 se desenvuelve en el régimen del déficit. El cálculo de recursos queda permanentemente sobre las recaudaciones efectivas, en tal proporción que de 7 millones a que alcanza el déficit del año 80, el 91 llega a 54 millones. El total de déficit acumulado entre 1864 y 1899 pasaba de 400 millones de pesos oro. Pero si la moderación en los gastos no había sido una característica del gobernante del 1880, el del 86 supera con toda amplitud la displicencia con que habitualmente eran consideradas las finanzas del Estado. En materia de recursos se debe recordar que este último disponía fundamentalmente de los derechos aduaneros y entre éstos de los que grababan a la importación. Las cifras relativas de estos derechos con respecto al total recaudado están en la relación del 75%. El Estado disponía de la contribución territorial, de diversos derechos o impuestos al consumo y de algunas otras pequeñas rentas de carácter transitorio.
El grueso de la imposición pesaba sobre la gran masa consumidora. Lo cual es desde luego perfectamente explicable, porque el régimen impositivo es acaso el índice más elocuente de la intervención de los más variados sectores en el manejo de la cosa pública. En un régimen en el cual un reducido círculo de los poseedores de la tierra, de las grandes empresas importadoras, de la ganadería y de la agricultura, intervienen y constituyen los elencos gubernativos, no era presumible que la imposición estuviese mejor repartida. En tal sentido la deuda pública por habitante era en 1870 de poco más de 60 pesos, en 1880 llegaba casi a 100 y el 90, pasaba de 250 pesos. La deuda pública total que el 80 era de 200 millones, el 90 era de 800, pero en 1899 pasaba de 1.100. Por supuesto que no es un síntoma siempre negativo el monto de la deuda pública. En la economía del crédito, no puede considerarse un mal comerciante al que opera sobre la base del crédito; lo importante no es el monto de la deuda, sino el resultado de sus balances; es decir la transformación de la deuda en beneficios. Lo que sí puede ser objeto de crítica en la actuación de los gobernantes de la época que consideramos no es precisamente el monto de la deuda pública sino la utilización hecha del capital obtenido por ese medio. El período que transcurre entre 1892, en que puede suponerse pasado el punto culminante de la crisis, y el de 1899, es sín duda el de liquidación de sus efectos.
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